Los integrantes de Salud Justa aclararon que la Canirac no obtuvo, como aseguró en un comunicado, una suspensión definitiva por medio de un juicio de amparo que permita a los restauranteros reinstalar zonas de fumadores, sino que se trata de una sentencia que está en revisión ya que inicialmente se determinó que la Cámara no tenía un interés legítimo en el tema.
Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).– La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) ha promovido la desinformación al asegurar que obtuvo un amparo contra el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, ya que en realidad el Juzgado que analizó el caso dictó que careció de interés legítimo en un primer momento y no hay aún una sentencia definitiva, acusó la organización Salud Justa.
Apenas este lunes, la Canirac emitió un comunicado en el que aseguraba haber obtenido una suspensión definitiva que permitiría a sus afiliados rehabilitar las zonas de fumar, al considerar que las disposiciones del reglamento generaban “una serie de restricciones y prohibiciones en la industria”. Sin embargo, el equipo jurídico de Salud Justa analizó el juicio de amparo en cuestión y determinó que la Canirac estaba promoviendo la desinformación sobre el resultado del recurso jurídico.
“Es un hecho que todavía no hay una sentencia que haya amparado a la Cámara, no hay una sentencia definitiva del juicio de amparo 178/2023 porque está en recurso de revisión. Sí hay una sentencia definitiva que decretó el sobreseimiento y que no tenía interés jurídico, esta se impugnó, y ahorita estamos en espera de la sentencia del Tribunal Colegiado”, explicó Max Cárdenas del área jurídica de la ONG. “No hay ninguna sentencia que ampare a la Canirac y tampoco se trata de un amparo colectivo”.
El abogado profundizó que si bien la Cámara intentó promover un amparo, en un primer instante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa determinó que Canirac no tenía un interés legítimo y por lo tanto sentenció sobreseer el juicio. En ese sentido, Cárdenas remarcó que para que un amparo de este tipo permitiera a los restaurantes reinstalar sus zonas de fumadores tendrían que, cada establecimiento, promover un juicio de amparo contra el Reglamento.
En ese sentido, Darina García sumó que la Canirac incitaba a sus afiliados a sumarse a la supuesta protección otorgada por el amparo al completar un formulario y pagar una cuota, pero “este tipo de declaraciones son imprecisas y pueden llevar a cae en un error porque en la sentencia definitiva del Juez Víctor Octavio Luna se resolvió que Canirac no puede ser parte dentro del juicio porque carece de interés jurídico y legítimo”.
Por su parte, Claudia Moreno, también abogada de la misma organización, detalló que desde marzo a la fecha se han registrado mil 773 amparos contra el reglamento en entidades como Ciudad de México, Morelos, Guanajuato, Coahuila, Querétaro, Puebla, Nuevo León, Estado de México y Quintana Roo, de las cuales la mayoría no ha procedido o han sido sobreseídos. Son pocos los casos en los que se ha dictado una sentencia favorable al promovente y las autoridades de salud han metido recursos de revisión en dichas ocasiones.
PROTEGER A QUIENES NO FUMAN
En entrevista con SinEmbargo, Rosario Hernández de la organización Refleacciona con Responsabilidad A.C. expuso que la nueva reglamentación referente a la prohibición de fumar en espacios públicos y la exhibición y promoción de productos de tabaco son acciones a favor del derecho a la salud de la población mexicana, pero el sector privado ha impugnado estas medidas bajo el argumento de que afecta su economía.
“[En el caso de los restauranteros con espacios libres de humo] principalmente el argumento que tiene la industria es porque afecta la economía de estos restaurantes, y [estudios de Estados Unidos] demuestran que esto no es verdad; la gente sigue asistiendo a estos espacios sin problema porque no van en busca de un espacio donde puedan fumar, sino simplemente donde puedan comer, que es la actividad que ellos [los restauranteros] promueven económicamente”, señaló.
En 2021, la Secretaría de Salud federal advirtió que alrededor de 65 mil personas fallecían en México cada año debido al tabaquismo. Es decir, 178 muertes diarias en promedio.
“El problema es que hay muchas personas que no fumamos y que nos afecta el humo de tabaco, nos enferma o algunas personas somos alérgicas al humo de tabaco. Entonces, por eso es importante prevenir, que no sólo se proteja a la población que fuma sino también a los fumadores pasivos o a los fumadores de segunda mano, que somos la mayoría de la población en México, y por eso es importante mantener estos espacios”, remarcó Hernández.
“Además, se protege a los trabajadores de sitios como restaurantes o casinos, hoteles, antros, bares, donde hay mucha gente que trabaja por necesidad y tienen que aguantar a personas que fuman, pero se debe de velar por su derecho a la salud mientras trabajar, que tengan un trabajo digno”.
INDUSTRIA SE AMPARA TAMBIÉN POR ETIQUETADO
El sector privado no se ha amparado únicamente en el tema de control de tabaco, sino ha ampliado esta estrategia contra el etiquetado frontal para alimentos procesados como refrescos y la “comida chatarra”.
“Siempre que sale una medida, ya sea en reglamentos u otro tipo, inmediatamente se presentan amparos en diferentes entidades. Hay algunas empresas que presentan más de un amparo, que utilizan todas sus diferentes filiales, subsidiarias, etcétera, y presentan diversos amparos, presentan las cámaras [industriales], contra el etiquetado, contra el control de tabaco; también lo hemos visto en otras medidas alimentarias ambientales, como en los decretos sobre el maíz transgénico”, expuso en entrevista Gabriela Guzmán del Poder del Consumidor.
Ya desde marzo de este año, la asociación El Poder del Consumidor había alertado en conferencia de prensa que empresas como Nestlé, Herdez, Santa Clara, Sabritas y Kellogg’s habían interpuesto, directa o indirectamente, amparos contra la Norma Oficial Mexicana NOM-051 para hacer uso de personajes que apelaban a la niñez por medio de publicidad engañosa que les invita a consumir alimentos con baja calidad nutricional en perjuicio de su salud; o contra los sellos que advierten cuando un producto contiene exceso de calorías, sodio, azúcares, grasas trans, entre otros compuestos dañinos cuando consumidos en demasía.
Guzmán añadió que esta estrategia de presentar amparos también buscaba “infundir miedo en los consumidores” al utilizar argumentos jurídicos sobre los efecto que el incumplimiento de tratados internacionales o el impedimento de libertad de comercio podría afectar a los empleos de las personas o provocar un incremento de precios.
“Nosotros siempre exhortaríamos [a las empresas] a que no utilizaran estos medios jurídicos como el amparo para obstaculizar estas medidas, a fin de cuentas las medidas como la del etiquetado atienden a un interés superior, que es la salud de la población y en algunos casos principalmente el de las infancias”, recalcó. “[Hacemos el llamado a que] no se contrapongan a estos intereses, porque al final de cuentas ellos defienden intereses económicos y materiales por encima de bienes públicos como la salud o el sano desarrollo de niñas y niños”.
Asimismo, hizo énfasis en que el Poder Judicial analice y determine que el derecho a la salud y a una sana alimentación, así como un desarrollo de la población, está por encima de los intereses económicos del sector privado.
